Ley que reduce el IGV y aumenta fondos municipales genera alarma entre expertos económicos
La reciente aprobación en el Congreso de una ley que busca modificar el esquema tributario en Perú ha generado un intenso debate entre economistas, analistas y sectores políticos. La normativa, que reduce el Impuesto General a las Ventas (IGV) del 16% al 14% a partir de 2026, y al mismo tiempo incrementa en 2% el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), ha sido calificada por varios expertos como una medida fiscal potencialmente perjudicial para la estabilidad económica y la sostenibilidad fiscal del país.
¿Qué implica esta modificación? La ley aprobada busca, en esencia, aliviar la carga tributaria sobre los consumidores y las empresas en el corto plazo, ya que la reducción del IGV supone una disminución en los ingresos recaudados por el Estado. Sin embargo, para compensar esta menor recaudación, el proyecto eleva en 2 puntos porcentuales el Impuesto de Promoción Municipal (IPM), que forma parte del Fondo de Compensación Municipal, un fondo destinado a financiar a las municipalidades del país. Actualmente, el IPM grava todas las operaciones afectas al IGV con una tasa del 2%, que se suma al 16% del IGV, elevando el total a 18%. Con la reforma, el IGV se mantendría en 18%, pero la participación del IPM sería incrementada progresivamente hasta alcanzar el 4% en 2029, destinando mayores recursos a los gobiernos locales.
La justificación oficial del Congreso es que esta medida promoverá la descentralización fiscal, fortaleciendo a los municipios y permitiéndoles contar con más recursos para desarrollar sus proyectos y servicios públicos. Sin embargo, los expertos advierten que los efectos prácticos y las implicancias macroeconómicas pueden ser mucho más complejos y peligrosos.
Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, calificó la medida como “uno de los retrocesos más grandes en política tributaria en los últimos años”. En declaraciones a medios, expresó que la reducción del IGV, sin una reforma estructural que formalice la economía y mejore la base tributaria, solo generará un impacto negativo en las finanzas públicas. Castilla resaltó que esta política tributaria no responde a una estrategia coherente sino que parece ser un efecto electoral, dirigido a ganar apoyo en los municipios en un año preelectoral. Además, criticó que la normativa pueda dejar de recaudar aproximadamente S/10.000 millones anuales, lo cual puede poner en riesgo la sostenibilidad fiscal del próximo gobierno.
Por su parte, Luis Arias Minaya, economista y exjefe de la Sunat, advirtió que esta ley crea un gasto público obligatorio, lo cual, desde el punto de vista constitucional, es problemático. Según explicó, la ley obliga al Estado a transferir mayores recursos a los municipios, incrementando el gasto público de manera no prevista en el presupuesto nacional, lo cual puede derivar en un déficit fiscal mayor al permitido. Además, señaló que el Ministerio de Economía debería oponerse a esta ley, ya que su aprobación representa una violación a la prudencia fiscal y a las reglas fiscales vigentes.
Waldo Mendoza, exministro de Economía y reconocido economista, fue aún más contundente al afirmar que esta es probablemente la ley fiscal más dañina aprobada en el siglo. En su cuenta de X (antes Twitter), instó al Gobierno a observar la ley y a presentar una queja ante el Tribunal Constitucional para que evalúe su constitucionalidad, dado el impacto negativo que tendría en las finanzas públicas del país.
Aún cuando el Ejecutivo no ha oficializado su postura definitiva, el presidente del Congreso afirmó que el Gobierno apoyará la ley y que la promulgación se dará en breve. Esto, en un contexto en el que Perú ha enfrentado en los últimos años un aumento en su déficit fiscal, que ha superado los límites establecidos por las reglas fiscales. La meta para este año es mantener el déficit en 2,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
La oposición a la ley argumenta que la reducción del IGV, sin una base tributaria sólida, puede generar un efecto adverso en la recaudación y en la estabilidad macroeconómica. La mayor parte de los analistas coincide en que, si bien los municipios podrían beneficiarse a corto plazo, el costo fiscal para el Estado y la posible pérdida de capacidad de respuesta ante crisis económicas o sociales, podrían ser demasiado altos.
En conclusión, la aprobación de esta normativa abre un debate importante sobre las prioridades fiscales del país y el equilibrio entre descentralización, desarrollo local y sostenibilidad macroeconómica. La comunidad económica y los expertos en finanzas públicas continúan alertando sobre los riesgos de implementar reformas que, si bien buscan fortalecer la autonomía municipal, puedan poner en jaque la estabilidad fiscal del Perú en el mediano y largo plazo.
Fuente: Ley que reduce el IGV y aumenta fondos municipales genera alarma entre expertos económicos
